El “vuelva usted mañana” ya no tiene sitio en España. Lo dicen los datos. El rendimiento de nuestra administración electrónica se encuentra entre los mejores del mundo, según la ONU. En la Unión Europea (UE), el país mantiene el cuarto puesto, tal y como recoge el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI). De hecho, el 76% de los usuarios de Internet españoles participa activamente con los servicios de Administración electrónica. [hde_related]
Entre las razones del éxito de la administración electrónica en España se encuentra el nivel alcanzado por el país en conectividad. Sus hogares cuentan con una amplia disponibilidad de redes de banda ancha fija y móvil, tanto rápidas como ultrarrápidas. Su implantación ha aumentado en los últimos años gracias a la inversión de los operadores, a un marco regulatorio propicio y a una ambiciosa estrategia nacional que concede subvenciones en zonas poco pobladas o rurales, tal y como recoge el informe DESI.
Así, el 88% de los hogares españoles cuenta con cobertura de banda ancha de nueva generación, cinco puntos porcentuales por encima de la media de la UE. Además, más de la mitad de ellos (54%) tiene implantada esta tecnología, por el 41% de la media europea. Por su parte, el 87% cuenta con cobertura de banda ancha ultrarrápida, frente al 60% del promedio de la UE.
Todos estos son indicadores del grado de transformación digital que alcanza el sector público en nuestro país. Y son bastante buenos. Esto se debe a que España ha avanzado mucho en la digitalización de su Administración pública durante los últimos años. Sin embargo, todavía queda un gran recorrido por delante. La transformación digital es un proceso dinámico que aún debe afrontar grandes retos.
Desarrollar una transformación digital equilibrada, la ciberseguridad o la implantación de soluciones en la nube, son algunos de los pasos que debe dar el sector público en España y conseguir una digitalización a la altura de las necesidades de los ciudadanos que ya se sitúa por delante de países como Alemania, Francia, Reino Unido o Italia.
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Los beneficios de un mercado abierto
Existen varios factores que han resultado decisivos para que la Administración española despunte en esta materia. Uno de ellos ha sido la apertura del mercado de las telecomunicaciones. Así lo apunta Íñigo Polo, director de Administraciones Públicas en Orange España: “La innovación y transformación digital del sector en España ha estado lastrada por la falta de competencia en el mercado. La entrada de nuevos agentes como Orange ha permitido aumentar exponencialmente la innovación en las telecomunicaciones y también en la madurez digital”.
Los efectos beneficiosos de la competencia en la conectividad del país tienen su reflejo en las cifras sobre penetración de fibra óptica en los hogares, que sitúan a España a la cabeza de la Unión Europea con una tasa del 44%. “Esto se debe a la apuesta que ha hecho Orange por desplegar fibra de manera masiva en los hogares en 2016, que ha empujado también a la competencia. Desde entonces, Orange ha mantenido inversiones de red de cerca de 1.000 millones al año en fibra y 4G. Hoy cuenta con casi 15 millones de hogares conectados”, añade el experto.
Ciberseguridad, ante todo
La introducción de competencia en el mercado ha permitido también un mayor grado de innovación en el avance de la Administración electrónica. “Entre las últimas tecnologías más demandadas por las administraciones públicas, se encuentran los servicios de comunicaciones unificadas e integración fijo y móvil (con servicios tan avanzados como Digital Centrex); y soluciones de ciberseguridad antiDDos, filtrado de contenidos con Orange Security Suite o de seguridad avanzada como Secure Endpoint”, destaca Iñigo Polo.
[hde_summary] La Administración es un importante objetivo para los hackers, por eso la ciberseguridad es uno de sus grandes retos[/hde_summary]
Estas soluciones protegen contra los temidos ataques de denegación de servicios y previenen la visualización de contenidos web que pueden amenazar los sistemas. También permiten asegurar la confidencialidad e integridad de los activos digitales mediante la protección de todos los dispositivos. “La Administración es un importante objetivo para los hackers, por eso la ciberseguridad es uno de sus grandes retos”, puntualiza Polo.
Próximo paso, la nube
Dentro del proceso de transformación digital de la Administración española, el uso de soluciones en la nube parece ser el próximo paso natural en un sector dominado hasta ahora por los servicios on-premise. “Las ventajas de la nube de Orange son notables: reducción de costes, mayor eficiencia y facilidad de gestión son algunas de ellas, y sobre todo la incorporación de las últimas innovaciones al tratarse de plataformas multi-cliente”, señala Iñigo Polo.
De hecho, según el informe Inversión en el Sector Público 2018 en Servicios Cloud elaborado por la consultora Adjudicaciones y Licitaciones TIC, la inversión total de la Administración pública en proyectos de servicios en la nube en 2018 ya había aumentado el 72% respecto al año anterior hasta superar los 13,5 millones de euros. Además, el Ministerio de Hacienda estima en unos 300.000 euros el ahorro tipo que puede obtener un organismo público simplemente con integrar su sistema de correo electrónico a la nube.
“El apoyo a los servicios en la nube por parte de la Administración ayudará a reducir sus presupuestos, ya que este tipo de soluciones ayudan a compartir costes. Además, permiten acceder a las últimas innovaciones de manera más sencilla: es mucho más fácil mantener estas soluciones actualizadas respecto a las on-premise, que se ven sujetas a actualizaciones puntuales y únicas, dedicadas en exclusiva a un cliente y un servicio determinados”, detalla Íñigo Polo.
Retos pendientes
A la hora de implementar las soluciones en las distintas administraciones, los operadores se encuentran ante una falta de previsión por parte de las organizaciones.
“Un cambio de operador es un proceso complejo de transformación en distintos elementos de la cadena de servicios que tiene la administración. Es importante que la Administración sea consciente a la hora de dar más plazo a los operadores. Las prisas pueden llegar a desafiar la implantación de los servicios”, advierte Íñigo Polo.
[hde_summary] Lo ideal sería buscar ese círculo virtuoso que permita a las administraciones disponer de servicios en la nube, además de tener sus comunicaciones cada vez más unificadas y una ciberseguridad excelente[/hde_summary]
En cuanto a la situación actual de la transformación digital en las distintas administraciones, su desarrollo es desigual. El grado de madurez en ciertos aspectos es mayor en unas, mientras que otras rinden mejor en otros ámbitos. Por ese motivo, otro de los grandes retos de cara al futuro de la Administración consistirá en conseguir que ese avance sea más equilibrado. “Lo ideal sería que todas las administraciones llegaran a ese círculo virtuoso que les permita disponer de servicios en la nube, además de tener sus comunicaciones cada vez más unificadas y una ciberseguridad excelente, en lugar de centrarse solamente en una de estas características”, reflexiona Polo.
Presencia en la administración pública
Aun así, la administración pública cada vez está más concienciada y desde 2015 impulsa, como parte de su plan de digitalización, la aplicación de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común para lograr una Administración Electrónica completa, cuyos contactos con empresas y ciudadanos sean completamente digitales (ventanilla única), en particular, teniendo en cuenta también el artículo 14 sobre el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones públicas.
No obstante, su entrada en vigor ha dado lugar a confusión debido a que no existe un nivel homogéneo para esa tramitación electrónica alrededor de todas las administraciones. Desde la CEOE (Confederación española de organizaciones empresariales) señalan que es necesario poner en marcha planes de apoyo a las AAPP de menor tamaño y medidas prácticas adecuadas para garantizar esa igualdad, tanto en el ámbito de su funcionamiento operativo como en el ámbito técnico de las plataformas y sistemas.
Para poder afrontar con éxito el reto que supone la utilización masiva de la e-administración por parte de ciudadanos y empresas y, en línea con los objetivos estratégicos de conectividad fijados por la Comisión Europea, todos los motores socioeconómicos importantes, entre los que se encuentran las Administraciones Públicas, deben tener acceso a una conectividad ultrarrápida, desde la CEOE fijan el objetivo para 2025 de velocidad de 1Gbps. Una transformación que no solo mejore la infraestructura, sino que acompañe una evolución hacia una “carpeta digital única” y hacia una Administración 24×7 con nuevos servicios, adaptados a los hábitos y usos del ciudadano.
Las Administraciones Públicas, en sus procesos de digitalización, buscan garantizar la eficiencia en sus comunicaciones pero también la seguridad de las mismas y en Orange se han superado ampliamente estos requisitos con soluciones técnicas diferenciales y las más altas valoraciones en 2019, sumando clientes como Guardia Civil, Banco de España, Tribunal de Cuentas, Senado y Agencia Tributaria. “A través de adjudicaciones como Guardia Civil, Orange refuerza su posición estratégica dentro de las administraciones y demuestra la confianza que tienen en nosotros clientes tan relevantes” destaca Iñigo Polo.
Escuelas Conectadas para una educación de calidad
La digitalización de la Administración no solo tiene efectos sobre la propia eficiencia o la seguridad de los distintos organismos públicos. Además, tiene un importante papel como dinamizadora de la propia transformación digital de la sociedad. También como impulsora del acceso a una educación de calidad. Así lo pone de manifiesto el proyecto Escuelas Conectadas de Red.es, en el que participa Orange.
“Para nosotros es un orgullo formar parte de proyectos como Escuelas Conectadas. No hay nada más interesante que dotar de tecnología a unos estudiantes que, al fin y al cabo, son nativos digitales. No tiene sentido que niños que utilizan las distintas tecnologías en su día a día no tengan a su disposición esa conectividad y esas infraestructuras en su lugar de aprendizaje”, explica Iñigo Polo.
[hde_summary] Mediante el proyecto Escuelas Conectadas, Orange no solo está llevando banda ancha a las escuelas, sino también a cualquier otro punto de la geografía donde hay un colegio, ya sea de 1.000 o 5 alumnos[/hde_summary]
En este proyecto, la tecnología muestra su capacidad para favorecer el derecho a una educación de calidad sin importar dónde viva el alumno. Aunque es evidente que existen diferencias entre autonomías. “Por ejemplo, Galicia y Madrid cuentan con proyectos de libros digitales y, para ellas, contar con red wifi supone poder afrontar una mayor digitalización de los procesos que ya tienen implantados”, indica Polo.
En estos casos se trata, en primer lugar, de extender esos proyectos al 100% de los centros públicos y, en segundo lugar, de dotarlos de mayor capacidad. “Las altas velocidades que conlleva Escuelas Conectadas permitirán que no existan cuellos de botella, que la digitalización sea la correcta y que tengan un servicio adecuado”, añade. En total, la operadora conecta más de 3.500 colegios a nivel nacional (Asturias, Galicia, Madrid y Castilla y León), proporcionando redes de alta velocidad como fibra óptica, 4G… casi a un millón de alumnos.
En el caso de zonas rurales con un acceso limitado a la banda ancha, la tecnología 4G+ implantada en el marco de Escuelas Conectadas permitirá disponer de una conexión de alta velocidad vía móvil tanto a los colegios como a las personas que viven en su entorno. Estos proyectos no solo proveen de banda ancha a miles de escuelas en distintas comunidades autónomas, Escuelas Conectadas también supone el despliegue de conectividad de alta velocidad para las zonas en las que se encuentran los colegios. Es una de las ventajas menos evidentes de este despliegue, sin embargo, se trata de una de las más importantes.
La transformación digital de la Administración tiene un papel importante en el progreso del propio país. No solo permitirá mejorar el nivel de eficiencia de sus propios procesos, sino también de los servicios que ofrece al ciudadano, pero tiene que superar retos pendientes y trabajar sobre un marco común que impulse la participación público-privada. Se trata de una colaboración que permitirá a España continuar en la vanguardia europea en este ámbito.
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