Todos los días se publican en España decenas de licitaciones públicas para la adquisición de todo tipo de bienes o contratación de servicios muy diferentes.
Una oportunidad de negocio a la que también pueden tener acceso los trabajadores autónomos.
Cualquier empresa o profesional autónomo interesado en una licitación pública puede optar a conseguir este contrato. Para ello hay que cumplir todos los requisitos, técnicos y administrativos que se señalan en la documentación de la licitación.
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Cada licitación pública tiene unas características propias, pero en todas se exige lo que señala el artículo 54 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Este indica que podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o, en los casos en que así se exija, se encuentren debidamente clasificadas. Explicamos todos estos puntos y cómo afectan a los autónomos.
Plena capacidad de obrar y no prohibición de contratar
Demostrar la plena capacidad de obrar, la aptitud para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes jurídicos por parte del autónomo es muy sencillo. Tan solo debe demostrar su identidad a través de una fotocopia legitimada notarialmente del DNI o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente, como un NIE o pasaporte.
[hde_summary] Presentarse a una licitación pública exige trabajo administrativo al autónomo, pero también le permite optar a una nueva vía de ingresos [/hde_summary]
Tampoco es muy complejo demostrar que un autónomo puede contratar. Existen diversas razones por las que está prohibido contratar; las más comunes son no cumplir con las obligaciones con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.
Por ello, lo más normal es presentar una declaración en la que se señale no estar sujeto a alguna de las obligaciones que prohíben contratar, especificadas en el artículo 60 de la Ley de Contratos del Sector Público, y acompañarlo de certificados de la Agencia Tributaria y Seguridad Social que señalen la inexistencia de deudas.
Solvencia económica en una licitación pública
Demostrar tener solvencia económica requiere mayores trámites. Ya no solo cada administración que licite, sino que incluso cada pliego pueden requerir medidas distintas que garanticen la solvencia.
Por un lado, está las que buscan asegurarse según la situación financiera de la empresa o, en nuestro caso, del autónomo. Estas suelen basarse en las cuentas del autónomo, que al no depositarlas en el Registro Mercantil deberá legalizar. También suelen incluirse declaraciones realizadas por la entidad financiera con la que trabajamos y, en muchos casos, la obligación de tener un seguro de indemnización por riesgos profesionales o un aval.
El autónomo no debe olvidar que en casi todas las ocasiones se le exigirá depositar una garantía económica en caso de ganar un concurso. Aunque esta se devuelva una vez cumplido, supone la obligación de adelantar recursos económicos.
Solvencia técnica o profesional
Aunque según el objeto del contrato variarán los medios en los que especificar cómo acreditar la solvencia técnica o profesional del autónomo, muchas de estas formas se repiten y, por tanto, se puede y debe tener al día.
Por ejemplo, es fundamental tener una relación de trabajos realizados en los últimos años con fechas e importes. Estas pueden haberse realizado tanto en el sector público como privado. La gran diferencia está en que en los trabajos realizados para el sector privado es necesario que se expida un certificado que será comunicado directamente al órgano que tramite la licitación.
Otro punto común es la indicación y descripción de los medios humanos y técnicos. Con respecto al personal, suele tener dos puntos principales. El primero, acreditar al propio autónomo, con lo que es importante tener al día tanto titulaciones académicas como experiencia. En el caso de la contratación de otros trabajadores o, si la licitación pública permite subcontratar incluso a otros autónomos, tener un organigrama claro de funciones, así como de sus capacidades.
En cuanto a las especificaciones de medios técnicos se suelen enfocar tanto en instalaciones, maquinarias como en procedimientos. Tener acreditaciones medioambientales o de calidad añade un punto positivo a la hora de conseguir mejor valoración en una acreditación.
Exigencia de clasificación en una licitación pública
Para contratos de gran envergadura cuyo importe supere los 120.000 euros, se añade el requisito de estar clasificados teniendo en cuenta su actividad y solvencia. Así se determinará en qué contratos se puede presentar y en cuáles no.
Por ejemplo, el ámbito de actividad puede permitir al autónomo presentarse a cualquier licitación pública relacionada con la publicidad y las relaciones públicas. Pero, por su solvencia económica, es posible que solo pueda presentarse a concursos de un importe limitado.
Para solicitar la clasificación, hay que rellenar un formulario de solicitud en el Ministerio de Hacienda al que se puede acceder en este enlace. En este formulario se deberá incluir toda la información que hemos adelantado anteriormente: capacidad de obrar, no prohibición de contratar, datos económicos e información técnica.
Toda esta documentación se podrá presentar en cualquier delegación del Ministerio de Hacienda. Una vez aprobada, se debe justificar anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y cada tres años el de la técnica o profesional.
Estos procedimientos pueden parecer engorrosos y suponen una carga de trabajo añadida para el autónomo. Aun así, el beneficio de conseguir un contrato de una Administración pública o empresa dependiente abre nuevas posibilidades de negocio.
Imágenes |Pixabay aymane jdidi y Steve Buissinne
