Los trabajadores autónomos son uno de los colectivos protagonistas para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, el Gobierno plantea limitar la tarifa plana de los autónomos y que estos coticen en función de sus ingresos reales. Pero también están sobre la mesa otros asuntos, como un registro obligatorio para acabar con los falsos autónomos.
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Limitar la tarifa plana
En el primer caso, los autónomos con altos ingresos, que hasta ahora disfrutaban de la tarifa plana independientemente de su facturación, deberán pagar cuotas más elevadas si Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con quien está negociando los Presupuestos, logran los apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante el proyecto.
Según el Gobierno de Sánchez, la tarifa plana de 50 euros ha sido un fracaso porque buena parte de los emprendedores y nuevos autónomos han tenido que abandonar su actividad durante los primeros años.
Para una de las organizaciones más representativas de este colectivo, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), el Ejecutivo no debería jugar con una política que ha facilitado el emprendimiento y ha funcionado en términos de creación de empleo. No obstante, ATA está dispuesta a debatir una reforma en el segundo año de cotización, ya que considera que una parte significativa de los nuevos cotizantes comienzan a tener una buena facturación a partir del segundo año de actividad, lo que no justifica el pago de una tarifa tan reducida.
Cotización por ingresos reales
El Gobierno y Podemos han alcanzado un acuerdo para adecuar la cotización de los autónomos a sus ingresos netos. Aunque la letra pequeña la definirán los negociadores técnicos de unos y otros, Iglesias ha avanzado que su propuesta es que los autónomos paguen cuotas progresivas por lo que facturan y estén exentos en el caso de que cobren menos del salario mínimo interprofesional. Este se sitúa hoy en 735,90 euros al mes, aunque Podemos reclama elevarlo a 1.000 euros.
Desde las asociaciones de autónomos, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, considera «un acierto» que se busquen mecanismos y reformas para que aquellos autónomos cuyos rendimientos netos no llegan a la base mínima vean reducidas sus cotizaciones. Ahora bien, precisan que de los 2,1 millones de autónomos personas físicas que hay en España, 800.000 verían reducida su cuota mensual, pero hay 1,3 millones que declaran rendimientos netos superiores a la base mínima, por lo que tendrían que declarar más.
Para tratar de afectar a menos trabajadores, ATA ha pedido al Gobierno aplicar la medida que, junto con la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), hizo llegar al Ejecutivo en julio pasado, que propone subir las cotizaciones a los autónomos cuyos ingresos netos superen los 30.000 euros anuales. «En vez de afectar al 70% de los autónomos, solo se verían afectados entre 550.000 y 600.000», de acuerdo con los cálculos de ATA.
Acabar con la figura del falso autónomo
Otro de los retos que tiene por delante el Gobierno es acabar con los falsos autónomos -los que facturan a un único cliente al menos el 75% de sus ingresos-. Pedro Sánchez ha anunciado un Real Decreto para combatir esta figura que permitirá aflorar 40.000 empleos solo este año. Con esta aprobación, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si detecta irregularidades, iniciará un procedimiento de control e instará a la Seguridad Social para que, de oficio, dé de alta a estos trabajadores en el Régimen General para trabajadores por cuenta ajena.
“El Real Decreto es positivo, pero insuficiente”, coinciden las principales asociaciones de autónomos del país, ATA y UPTA, que han trasladado a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, las que creen que serían medidas reales y no «parches» contra la citada práctica fraudulenta: ambas defienden un registro obligatorio de contratos.
Las diferentes asociaciones de trabajadores autónomos calculan que actualmente existen en España entre 100.000 y 210.000 falsos autónomos. ATA, más cercana a la primera cifra, estima que, en 2008, el 80% se concentraban en el sector de la construcción y que actualmente dicha actividad es minoritaria, en favor de profesionales liberales como abogados, comunicadores o arquitectos.
En opinión del secretario general de UPTA, Eduardo Abad, la obligación de registrar cada contrato de estos autónomos, unido al cruce de datos entre Hacienda y la Seguridad Social, permitiría aumentar el control sobre el fraude en torno a esta figura. En este sentido, ha señalado que, en la actualidad, la Inspección de Trabajo únicamente puede discernir si un trabajador es autónomo o no, pero no el tipo y, por tanto, si la empresa cumple con las obligaciones que la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente -TRADE- contempla para las personas que se acogen a ella. Además, desde UPTA proponen sanciones a las empresas que no registren estos contratos.
Por estos y otros asuntos que están en estudio, los próximos meses parece que serán una época de cambios importantes en la legislación de los autónomos, que desde hace tiempo esperan ver mejoras notables en su situación.
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