El commuting es el tiempo necesario para llegar al trabajo. Se trata de un procedimiento imprescindible para poder desempeñar la actividad, pero no está recogido como gasto empresarial. En su lugar, son los trabajadores quienes se hacen cargo del coste temporal y económico.
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Cada vez más empleados evalúan el commuting a la hora de aceptar una propuesta laboral. Y es que está entre los motivos que más infelicidad causan a los trabajadores, además de ser una de las partidas de gasto más importantes para las familias. ¿De quién es o debería ser el coste?
¿Cuánto cuesta el commuting a los trabajadores?
De media, los españoles tardan unos 25 minutos para ir al trabajo, lo que suma 50 minutos para toda la población activa del país. Dado que esta constituye unos 20,18 millones de personas, los españoles pierden a diario 16,8 millones de horas (unos 1920 años) en acudir al trabajo.
Si las consideráramos horas laborales, el cálculo es terrorífico. Dado que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por hora es de 7,66 €, resultado de dividir los 14 000 € anuales entre las 1826,45 horas anuales en trabajo a jornada completa, se puede decir que los empleados españoles perderían 128 millones de euros en horas no pagadas cada día.
Suponiendo un trabajador medio que trabaje unos 227 días al año (se suponen 22 de vacaciones, 249 son los días hábiles), y que solo es necesario dos viajes al trabajo diarios (ida y vuelta), este pierde cada año 189 horas. Contabilizadas como tiempo de trabajo y en caso de que gane el SMI, también deja de ganar unos 1447 € en desplazamientos.
Bajo esta perspectiva, es coherente que algunos trabajadores y representantes de los mismos estén demandando que sean las empresas quienes asuman el coste en transporte público de los traslados al trabajo. ‘Llegar al trabajo’ es una actividad imprescindible para desempeñar el mismo y puede considerarse una obligación para poder trabajar.
¿Quién debería hacerse cargo del ‘commuting’?
El coste temporal y económico de llegar al trabajo no está contemplado en las leyes españolas. Como tampoco lo está en la legislación estadounidense, región de la que nace el movimiento de demanda social para que la empresa costee el transporte público. Hubo varios motivos de peso para no incluir el commuting en las leyes.
El primero es que hace décadas se presuponía, de forma más o menos acertada, que los trabajadores podían elegir dónde vivir. Y, por tanto, elegir un lugar cerca de su empleo. Dicho de otra manera, podían controlar la distancia al trabajo. Con el aumento de coste de la vivienda en núcleos urbanos, este argumento hace tiempo que dejó de ser válido, dado que la población se tiene que mudar a sitios que pueda permitirse.
El segundo es que es posible trasladarse a los centros de producción a bajo coste. De nuevo, esto es cada vez menos cierto. El coste del trayecto aumenta con la distancia tanto para transporte privado como público, más aún si se incluye el tiempo como parte del coste económico.
El tercer punto es que se presupone que los empleados pueden usar el commuting para actividades personales, lo cual es cierto hasta cierto punto. Por ejemplo, es posible escuchar podcast si se conduce, leer si se viaja en metro o autobús o aprovechar para hacer ejercicio físico de movilidad de camino al trabajo. Sin embargo, se ignora el coste de oportunidad de no hacer otra actividad. Por ejemplo, pasar ese rato con los hijos o descansar.
En 2015, el Tribunal de Justicia Europeo (TJCE) reconoció que, en algunas ocasiones, el tiempo de viaje al trabajo y desde el trabajo debería ser considerado tiempo de trabajo. Tras la denuncia de Comisiones Obreras, la Audencia Nacional lo elevó al TJCE, que determinó para el caso de Tyco el tiempo de viaje era tiempo de trabajo siempre y cuando los trabajadores no tuviesen un lugar de trabajo fijo.
Reducir los costes ambientales de la movilidad
Dado que todo viaje al trabajo tiene una huella ecológica, sobre todo en modalidades aéreas o de transporte privado como el coche o la moto, también hay voces que demandan la creación de mecanismos que disuadan a las empresas de ubicarse lejos de los núcleos de población.
Uno de estos mecanismos podría ser que las empresas se hiciesen cargo de los costes de movilidad de sus empleados. Así, los negocios más alejados de sus trabajadores y, por tanto, los que mayor huella ambiental tienen, quedarían en desventaja competitiva respecto a otras menos contaminantes.
Aunque ya existen algunos mecanismos similares, como la dificultad de encontrar profesionales en empresas alejadas de la población y de otras compañías, es insuficiente si se persigue reducir el impacto. Otro de estos mecanismos, hasta el momento, voluntario, es la medición del scope 3 de emisiones, que incluye los desplazamientos de empleados.
La Agencia Internacional de la Energía, en su decálogo con diez claves para reducir el uso de petróleo, propuso fomentar el teletrabajo cuando este fuese viable. Se trata de una solución que evita el tema del commuting, y que puede entenderse como un remedio parcial.
Hasta la fecha, no existen leyes específicas que imputen el coste de acudir al trabajo a las empresas, por lo que, de facto, se imputa a los empleados. ¿Cambiará esto en el futuro del trabajo?
Imágenes | Kathy, Alex Vasey
