Cuando una empresa, ya sea grande o pequeña, se ve envuelta en un concurso de acreedores, se inicia un mecanismo que implica una serie de procedimientos que, desde hace algunos años, quedan registrados en el denominado Registro Público de Resoluciones Concursales o Registro Público Concursal.
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Recordemos que un concurso de acreedores es un procedimiento jurídico que tiene como finalidad acabar con los problemas de insolvencia de una empresa, buscando asegurar que los acreedores cobren y, por otro lado, que la empresa pueda evitar la evitar la quiebra del negocio.
Estos concursos están sujetos al principio de publicidad como consecuencia necesaria del carácter universal de sus efectos, lo que exige que el conocimiento de su declaración y de los pormenores de su tramitación llegue a todos los posibles interesados.
Para ello, existe el Registro Público Concursal (RPC), donde se registran estos procedimientos (así como los relacionados con la Ley de Segunda Oportunidad). Vamos a ver un poco más en detalle qué es, cómo funciona y quién puede acceder a él.
¿Qué es el Registro Concursal?
Tiene como finalidad reunir todas las resoluciones procesales, los asientos registrales o los acuerdos extrajudiciales que afecten a un concurso de acreedores, para asegurar un principio de unidad de información y contribuir a la mejora de la seguridad jurídica de los concursos.
El Registro Público Concursal asegura la coordinación entre los Juzgados de lo Mercantil y los distintos registros públicos, así como con los expedientes sobre acuerdos extrajudiciales de pagos. Y además, al funcionar a través de Internet, facilita la accesibilidad a la información concursal y su publicidad.
Regulado por el Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, al mismo tiempo está directamente relacionado con la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio y las modificaciones introducidas en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley Concursal.
¿Cómo funciona?
Como decíamos, el RPC es un espacio online donde queda constancia de todas las resoluciones que afectan a los diferentes procedimientos concursales y quedan a disposición de los acreedores y de todas aquellas entidades que estén interesadas en los procedimientos.
Estas resoluciones las hacen llegar los secretarios judiciales, procuradores, registros mercantiles, notarios y otros registros públicos. La comunicación se realiza mediante procedimientos telemáticos con firma electrónica y protocolos que definen la información de forma estructurada para su remisión y procesamiento automático.
El registro data del año 2015 (la ley que lo regula fue aprobada en 2013) y depende del Ministerio de Justicia, concretamente, del Colegio de Registradores de Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles de España que es quien lo gestiona.
El RPC se estructura en varias secciones, alguna de las cuales no está aún desarrollada en el portal web. En cualquier caso, es importante saber que algunas secciones, como los Edictos concursales y Resoluciones concursales es posible consultar el nombre o NIF del deudor, así como el nombre del administrador concursal, el número de autos, el número de identificación general del procedimiento y el Juzgado competente del concurso.
Sin embargo en otras, como los acuerdos extrajudiciales sólo se puede consultar el nombre del deudor, el nombre del mediador concursal, el número de expediente y el notario o registrador mercantil que lo tramitó.
¿Quién puede acceder al Registro Público Concursal?
Según la ley que lo regula, el acceso a la información del registro es “público, gratuito y permanente”. Es decir, cualquier persona, sin que requiera justificar o manifestar interés legítimo alguno, puede acceder al Registro Público Concursal de forma online, de manera gratuita y sin necesidad de acreditación.
Por ejemplo, si una entidad se dedica a prestar dinero puede mirar en el registro para saber si la empresa o persona física que lo solicita está envuelta en un concurso de acreedores. Por ello, este registro es un equivalente empresarial de otros dedicados a publicar la solvencia de alguien.
Sin embargo, el organismo tiene muy en cuenta la normativa de protección de datos de carácter personal. Por este motivo, está establecido que, mientras no sean firmes, las sentencias de inhabilitación solo pueden ser consultadas por órganos jurisdiccionales o las administraciones públicas habilitadas legalmente.
Por otro lado, para evitar que los datos se eternicen en la red, se dispuso que los datos de carácter personal incluidos en las resoluciones concursales y en los asientos registrales insertados en el RPC (en cualquiera de sus secciones) se cancelen dentro del mes siguiente a que finalicen sus efectos.
Además, existen medidas para evitar la indexación y recuperación automática de los datos contenidos en el Registro Público Concursal a través de motores de búsqueda online.
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